Max propone: Más Institucionalidad

Contexto.

Los más diversos estudios coinciden en un aspecto nodal: la población dominicana confía cada vez menos en las instituciones.

La desconfianza se extiende a los representantes, sean estos funcionarios, legisladores, jueces, dirigentes políticos o sindicales y tiene que ver con la ética en la gestión pública.

Se puede afirmar que el principal problema de la sociedad dominicana en estos momentos es de carácter ético político.

 La corrupción se convierte así en un problema fundamental para el desarrollo económico, puesto que obstaculiza y distorsiona las condiciones del mercado, desincentiva las inversiones productivas, desplazándolas hacia actividades rentistas e ilícitas. Todas estas manifestaciones se han constituido en considerables frenos para el desarrollo de la institucionalidad democrática y la construcción de ciudadanía.

Propuesta

Restaurar la confianza dando señales claras de que la corrupción será castigada con todo el peso de la ley.

Gobernar con las mejores reservas del país, con las personas más capacitadas de cada sector, independientemente de cual sea su color político.

Convertir el presupuesto general de la Nación en el principal instrumento de desarrollo del país, obedeciendo a una visión de país contemplada en la Estrategia Nacional de Desarrollo, así como en los presupuestos plurianuales.

El elemento fundamental para garantizar esta transformación del presupuesto nacional es que su elaboración sea lo más participativa posible y que éste se oriente a resultados.

Promover la participación ciudadana responsable a través de las más variadas formas y mecanismos.

Acciones concretas

Cumplir la ley y luchar contra la impunidad, aplicando la ley. Los implicados en actos delictivos no importa quienes fueren, serán sometidos a la justicia y tendrán que responder por sus hechos.

Poner a funcionar el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA).

Permitir el pleno y oportuno acceso ciudadano a las informaciones públicas exigiendo la aplicación de la ley Ley de Transparencia Nº 20.285.

Promover una ley de Protección o Asistencia Social que elimine el barrilito y el cofrecito, y prohíba la discrecionalidad de los funcionarios para realizar asistencialismo y otorgar favores.

La revisión del organigrama del Estado y el reagrupamiento de las instituciones que tengan competencias similares, eliminando aquellas que resulten infuncionales y no estén brindando algún servicio a la población.

Eliminación de escalas salariales múltiples en el Sector Público y aprobación de una ley que ordene los sueldos de los funcionarios públicos.

Reestructuración profunda del servicio civil y de la carrera administrativa municipal para asegurar un servicio más profesional, mejor entrenado y más eficiente.

Creación de la Cuenta Única del Tesoro, a fin de facilitar el control del uso de los recursos públicos.

Establecer una modalidad de Presupuesto Participativo Nacional, recogiendo las experiencias que en esa materia tienen varios ayuntamientos como Villa González, Villa Altagracia Mao etc.