martes, 24 de abril de 2012

RADAR

La crisis española todavía no ha tocado fondo, pero las perspectivas no pueden ser más desalentadoras para una nación que llegó a representar la décima economía más grande del mundo. Se prevé que la otrora potencia, que durante años fue el principal destino de la emigración latinoamericana y africana a Europa, se aboca a una década  perdida por el tiempo que tardará en recuperar su crecimiento y dinamismo. Por el impacto en las remesas y el turismo
la crisis española es letal para República Dominicana. Las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) indican que los más de dos millones de empleos que se han perdido no se recuperarán, en el mejor de los casos, hasta antes de 2022 o 2023. El pesimismo campea por doquier, a tal punto que los expertos hablan de una década de bajo crecimiento económico y elevado desempleo, no única y exclusivamente en lo concerniente a España. Es claro, pues, que por aquí hay que por lo menos prestar atención tanto a la crisis española como al fantasma que se cierne sobre las grandes economías. Sin importar las estadísticas y las habilidades de que suelen vanagloriarse las autoridades para capear el vendaval que ha azotado a España y al mundo.
El caso haitiano
Con denuncias tan comprometedoras como la de que se despoja de la nacionalidad a extranjeros nacidos legalmente en el país, específicamente a hijos de haitianos, el exministro de Trabajo y candidato presidencial de Alianza Por la Democracia (APD) se distancia aún más del Gobierno. Max Puig, quien también se desempeñó como ministro de Medio Ambiente, endosa, con su denuncia, la discriminación que han enarbolado ante organismos internacionales dominicanos de ascendencia haitiana. Y dijo que, para colmo, la nueva Constitución complicó más el problema en lugar de superarlo. El caso de los inmigrantes haitianos que el candidato presidencial de la APD coloca sobre el tapete en este proceso es  un tema sensible, que ha sido ventilado en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Al tiempo de desmarcarse la posición de su antiguo aliado, Puig considera necesaria una ley que evite la supuesta discriminación de los haitianos nacidos en este país.

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