SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El aspirante presidencial de la Alianza por la Democracia (APD), Max Puig, indicó este lunes que la mejor defensa ante la supuesta campaña de descrédito contra el Estado dominicano en materia de Derechos Humanos es cumplir y dar garantías del respeto a los mismos.
Al ser cuestionado sobre las declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Morales Troncoso, quien afirmó ayer que no imagina a ningún país amigo sumarse a la supuesta
campaña de descrédito que realizaría el sacerdote español Christopher Hartley, Puig recordó que República Dominicana es signataria de diferentes acuerdos en materia de Derechos Humanos.
Por otro lado, el aspirante por la APD afirmó que dominicanos residentes en el extranjero tienen temor de visitar su país de origen por los altos niveles de inseguridad ciudadanas que aquí se registran.
Explicó que los mismos están cada vez más preocupados por esta situación, que les inquieta sobremanera.
Afirmó que muchos de los dominicanos en el exterior se resisten a venir a su país por temor a ser asaltados, y que así se lo expresaron dominicanos residentes en New York, este fin de semana. Indicó que la seguridad y el orden público son “la primera obligación del Estado, y en eso ha fallado el Gobierno (en preservar dicho orden)”.
El candidato aseguró además que la mayoría de los partidos políticos en el país ve a la comunidad dominicana en el extranjero “como simples proveedores de recursos”, y que no toman en cuenta el sacrificio y los aportes que las misma hace “a la contribución de una nueva República Dominicana”.
Señaló que los nacionales abandonan suelo patrio por razones económicas, que son personas laboriosas y respetuosas de las leyes de los países donde residen.
Añadió que “la mano solidaria” del Estado dominicano debe llegar donde quiera que haya un nacional en el exterior.
Puig se expresó en estos términos durante una rueda de prensa donde presentó las medidas que impulsaría en caso de llegar a la presidencia del país. Entre las mismas señaló la Ley de Retorno, la cual establecería con claridad las condiciones para el restablecimiento en el país “de nuestros ciudadanos en el extranjero”. Procuraría promover su regreso y fijar como derecho la exoneración y otros estímulos a ser otorgados, “los cuales dejarían de ser vistos como favores y de depender de decisiones administrativas”.
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